3.4 Certificación
Muchos de los principales fabricantes de chocolate insisten ahora en la necesidad de la trazabilidad a lo largo de las cadenas de suministro, y colaboran con diversas organizaciones de certificación, tres de las cuales se describen a continuación. Las primeras experiencias revelaron lo difícil que puede resultar establecer y mantener incluso unas normas laborales (por no hablar de normas sanitarias y fitosanitarias menos “visibles”) en zonas remotas, con cadenas de suministro de cacao a menudo complejas, lo cual lleva a algunos a preguntarse hasta qué punto la certificación es positiva para los cacaocultores. La ICCO encargó un estudio [1] sobre las ventajas, posibles desventajas y costes de la certificación para los cacaocultores, junto con una investigación de su contribución a la ‘sostenibilidad’ del sector. Se constató que “un aumento medio de los rendimientos del 89% en Ghana y del 101% en Côte d’Ivoire, como consecuencia de las intervenciones por parte de los programas de certificación (por ejemplo, un acceso más fácil a plaguicidas, fertilizantes, formación y buenas prácticas agrícolas), junto con una prima [de precio] por tonelada, son los incentivos más fuertes.” Sin embargo, los cacaocultores a menudo tienen que comprometerse a una inversión inicial (tanto de dinero como de esfuerzo) y también se han planteado dudas sobre la equidad de la distribución de las primas, sobre todo entre los pequeños cacaocultores.
Las explotaciones de mayor tamaño y las cooperativas pueden beneficiarse de las actividades de los sistemas de certificación (con un énfasis algo distinto):
Certificación CEN-ISO : En 2019/2020, el Comité Europeo de Normalización (CEN) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicaron la serie de normas ISO 34101 para el cacao sostenible y trazable con el fin de fomentar la profesionalización del cultivo del cacao [2]. La norma consta de cuatro partes. La primera parte: Requisitos para los sistemas de gestión de la sostenibilidad del cacao, se centra en ayudar a los usuarios a aplicar prácticas eficaces que les permitan mejorar continuamente su negocio. La Parte 2 se ocupa de los requisitos de rendimiento relativos a criterios económicos, sociales y medioambientales. Las partes 3 y 4 esbozan los requisitos para los sistemas de trazabilidad y certificación [3].
En la página web (https://www.cen.eu/) se indica: “Las actividades del CEN en relación con la seguridad alimentaria están en consonancia con el objetivo de la Unión Europea de lograr el mayor nivel posible de protección de la salud de los consumidores de alimentos europeos. La legislación de la UE en materia de seguridad alimentaria establece una cascada de métodos que se utilizarán a efectos de control oficial. Se da preferencia a los métodos que cumplen normas o protocolos reconocidos internacionalmente, como los descritos en las publicaciones del CEN. Por lo tanto, la mayoría de las normas europeas y otros entregables desarrollados por el CEN en el área de alimentos y piensos están respaldados por mandatos de la Comisión Europea que solicitan el desarrollo de métodos validados de análisis de alimentos y piensos”. Bajo el ‘Acuerdo de Viena (1991), el CEN y la ISO pretenden evitar la duplicación de normas.
Fairtrade International (FLO) (http://www.fairtrade.net): es una asociación multipartita sin ánimo de lucro en la que participan 28 organizaciones miembros y asociadas. Establece criterios laborales y económicos, así como medioambientales y fitosanitarios. “Las Normas de Comercio Justo incluyen el cumplimiento de prácticas agrícolas medioambientalmente racionales. Se centram en lo siguiente: el empleo mínimo y seguro de productos agroquímicos, la gestión adecuada y segura de los residuos, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y de los recursos hídricos y la exclusión de organismos genéticamente modificados. Las Normas de Comercio Justo no requieren la certificación ecológica. Sin embargo, se fomenta la producción ecológica, que se compensa mediante el pago de Precios Mínimos de Comercio Justo más elevados para productos de cultivo ecológico”. En su Documento para Organizaciones de Pequeños Productores1 hacen hincapié en el manejo integrado de plagas y en el uso de plaguicidas de baja toxicidad [4].
Rainforest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org) es una organización no gubernamental (ONG) internacional fundada en 1987 “para construir una alianza con el fin de proteger los bosques, mejorar los ingresos de los agricultores y las comunidades forestales, promover sus derechos humanos y ayudarles a mitigar la crisis climática y adaptarse a ella” [5]. Trabajando con una red de grupos ecologistas, los productores han de cumplir con las normas apropiadas para proteger la fauna, las tierras silvestres, los derechos de los trabajadores y las comunidades, para poder emplear el sello de certificación (ilustrado). Rainforest Alliance, ya vinculada a la Red de Agricultura Sostenible (RAS: www.sanstandards.org), se fusionó con UTZ en 2018 y juntos publicaron su Norma de Agricultura Sostenible 2020. Hay tres tipos de requisitos para permitir y medir la mejora de las explotaciones: básicos, de mejora obligatoria y autoseleccionados para cada área de enfoque, incluida la gestión, la trazabilidad, los ingresos, la agricultura, lo social y lo medioambiental. La gestión de los productos agroquímicos se incluye principalmente en la categoría de agricultura. Como parte de esta norma, Rainforest Alliance también elabora un documento sobre la gestión de plaguicidas en el que se enumeran los plaguicidas prohibidos y de mitigación de riesgos [6].
